Restitución de tierras en Urabá aumenta 5520% por confianza institucional

La restitución de tierras en Urabá ha experimentado una transformación notable.

Con un aumento drástico en las solicitudes, el compromiso del gobierno colombiano está ofreciendo nuevas esperanzas a quienes sufrieron el despojo.

Este proceso no solo busca reparar el daño, sino también fortalecer la confianza institucional en la región.

Desde el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, la política de restitución de tierras ha mostrado resultados sorprendentes.

En Urabá, el incremento en la cantidad de solicitudes ha sido del 5.520%, lo que refleja un cambio significativo en la percepción de la justicia y el compromiso del Estado.

Este artículo detalla cómo se ha producido este fenómeno y qué implicaciones tiene para los afectados.

Un panorama de crecimiento en las solicitudes de restitución

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) reportó un aumento impresionante en las solicitudes de restitución.

En el año fiscal 2022, solo se recibieron cinco solicitudes, mientras que en 2026 ya se han formalizado 286 reclamaciones.

Este cambio radical se atribuye a una serie de reformas en la administración pública y un renovado enfoque hacia los derechos de las comunidades afectadas.

Los datos sobre el crecimiento en las solicitudes son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y las comunidades.

Este enfoque ha permitido que la URT logre establecer un ambiente más seguro y confiable para los reclamantes.

En 2025, el número de solicitudes alcanzó un récord de 128, lo que demuestra un interés creciente por parte de las comunidades campesinas.

Superación de obstáculos administrativos

Uno de los desafíos más significativos que enfrentaba la URT en Urabá era la ineficiencia administrativa.

El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell, explicó que la oficina había sido históricamente lenta en el cumplimiento de metas.

Esto resultaba en un estancamiento de expedientes que alimentaba la desconfianza entre los reclamantes.

• Métricas de eficiencia: En 2025, la URT logró superar sus metas de gestión en un 125%, posicionándose como segunda en el ranking nacional de eficiencia.
• Decisiones administrativas: Se tomaron 466 decisiones, con un 77% de ellas resultando en la inscripción formal de predios en el Registro de Tierras Despojadas.
• Agilización de procesos: Con un total de 747 inscripciones en el registro, se avanzó hacia la resolución judicial de los casos.

Litigios y enfoque en la diversidad étnica

La fase de litigio ha visto un aumento acelerado en la presentación de demandas.

La URT ha radicado 675 demandas en la ruta campesina y 21 en la ruta étnica.

Este último dato es relevante, ya que representa un avance hacia la inclusión de comunidades indígenas y afrodescendientes, que históricamente han enfrentado mayores dificultades para hacer valer sus derechos.

El compromiso con la diversidad étnica es un paso crucial para garantizar que todos los grupos tengan acceso a la justicia.

Esta inclusión ayuda a reforzar la confianza de las comunidades en el proceso de restitución, promoviendo un ambiente de cohesión y respeto por los derechos territoriales.

Inversión y sostenibilidad en el retorno

La restitución de tierras no se limita al aspecto legal; también involucra la viabilidad económica de las familias que regresan.

La URT ha invertido más de $5.399 millones en proyectos de desarrollo para familias retornadas, beneficiando a 105 familias.

Estos fondos son esenciales para establecer sistemas agroindustriales sostenibles que respondan a la demanda del mercado.

• Proyectos de desarrollo: Se priorizan cultivos como el cacao y la ganadería tecnificada.
• Fortalecimiento económico: Se ofrecen alivios en pasivos tributarios y acceso a subsidios de vivienda rural.
• Soberanía alimentaria: La inversión garantiza la independencia financiera de las familias.

Con un total de 23.840 hectáreas restituidas, Urabá se está transformando en un ejemplo de cómo la restitución de tierras puede contribuir a la paz y el desarrollo agrícola.

Este enfoque integral promueve no solo el retorno, sino también la construcción de un futuro sostenible para las comunidades afectadas.

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