Reclamante de tierras de Urabá denuncia desplazamiento por amenazas

El conflicto armado en Colombia ha dejado una estela de dolor y sufrimiento que se manifiesta en historias desgarradoras de desplazamiento forzado.

La situación de la familia Upegui es un claro ejemplo de la trágica realidad que enfrentan muchos colombianos que luchan por recuperar sus tierras.

Su historia refleja no solo la lucha por la restitución, sino también las amenazas que persisten, poniendo en riesgo su seguridad y su derecho a vivir en paz.

Desplazamiento forzado en Urabá: el caso de la familia Upegui

La familia Upegui, reconocida como víctima del conflicto armado en Colombia, ha sido víctima del desplazamiento forzado en múltiples ocasiones.

El 26 de febrero de 2026, esta familia fue obligada a abandonar nuevamente sus tierras en el sector Paquemás, municipio de Turbo.

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Este nuevo desplazamiento se produjo tras recibir amenazas directas vinculadas a su reclamación de tierras, lo que impidió que pudieran recuperar el predio que les había sido restituido por orden judicial.

El predio en cuestión había estado bajo control de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado que despojó a muchas familias de sus tierras.

Tras un largo proceso judicial, el Estado colombiano reconoció a los Upegui como víctimas y ordenó la restitución de su propiedad.

Sin embargo, la situación de inseguridad en la que viven pone en tela de juicio la efectividad de estas sentencias.

En el día programado para la entrega material del predio, las amenazas se convirtieron en una realidad tangible. Uno de los herederos de la familia, temeroso por su seguridad, tuvo que abandonar la finca y trasladarse a Medellín. En un emotivo video grabado durante su huida, expresó:

“Hoy me tocó salir nuevamente desplazado de la finca mía, que era el día de la entrega de restitución, pero por motivos de amenaza no pude recibir la finca y aquí voy otra vez desplazado para la ciudad de Medellín”.

Este testimonio resalta la angustia y el desamparo que sienten muchas familias en su búsqueda de justicia.

Problemas en la restitución de tierras

La familia Upegui ha manifestado su preocupación por las discrepancias que existen entre las extensiones de tierra reconocidas en los títulos originales y las áreas que se están entregando.

Este tipo de irregularidades pueden generar conflictos adicionales entre los reclamantes y las autoridades encargadas de la restitución.

• Inseguridad en la entrega de tierras: Las amenazas reciben atención, pero la protección no es efectiva.
• Diferencias en las mediciones de terrenos: Las áreas reconocidas no coinciden con las entregadas.
• Falta de acompañamiento institucional: La ausencia de apoyo puede agravar la situación de las víctimas.

En este contexto, la familia ha solicitado a las autoridades garantías efectivas de protección, así como una investigación exhaustiva sobre las amenazas recibidas.

La comunidad exige un acompañamiento institucional robusto y una revisión detallada del proceso de restitución.

La entrega de tierras no debe convertirse en un nuevo motivo de desplazamiento; la reparación judicial debe ser integral, segura y digna, cumpliendo con los derechos que la justicia les ha otorgado.

El impacto del desplazamiento forzado en las comunidades

El desplazamiento forzado no solo afecta a las familias de manera individual, sino que tiene un impacto profundo en las comunidades afectadas.

La pérdida de tierras y la inseguridad generan un ciclo de violencia y desconfianza que puede durar generaciones.

• Desintegración familiar: Las familias se ven separadas y desarraigadas.
• Perdida de cultura: La conexión con la tierra y las tradiciones se ve amenazada.
• Condiciones de vida precarias: Los desplazados a menudo enfrentan pobreza y falta de acceso a servicios básicos.

La situación de la familia Upegui es un recordatorio de que la lucha por la restitución de tierras es también una lucha por la dignidad y la paz.

Es crucial que se tomen acciones efectivas para garantizar que los derechos de las víctimas del conflicto armado sean respetados y que los procesos de restitución sean seguros y efectivos.

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