JEP acusa a militares, exguerrilleros y civiles por violencia en Urabá

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en el centro del debate sobre la violencia en Colombia, especialmente en la región de Urabá.

Recientemente, ha tomado una decisión clave al imputar responsabilidades por crímenes ocurridos entre 1986 y 2002, involucrando a diversos actores, incluidos militares, exguerrilleros y civiles.

Este proceso busca no solo justicia, sino también la verdad y la reparación para las comunidades afectadas.

Detalles del caso 04 de la JEP

El 13 de marzo, la JEP comunicó a comunidades indígenas y afrocolombianas de Urabá que 34 personas enfrentarán cargos en el marco del Caso 04.

Este proceso aborda crímenes atroces cometidos en la región durante un período de 16 años, desde 1986 hasta 2002.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó su notificación mediante el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), incorporando un enfoque étnico en todo el procedimiento. Esta decisión involucra a:

• 21 miembros de la fuerza pública.
• 8 exintegrantes de las Farc-EP.
• 5 civiles.

Los delitos señalados incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y ataques a bienes civiles, reflejando la complejidad del conflicto en esta región.

Investigación y patrones de violencia

El Caso 04 investiga una serie de crímenes en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, centrándose en conductas como desplazamiento forzado, homicidios, y violencia sexual.

La JEP ha identificado tres patrones de violencia en la zona:

• Eliminación por prejuicio: Tanto agentes estatales como guerrilleros han ejercido violencia contra ciertos grupos.
• Vaciamiento territorial: Involucra despojo de tierras y repoblamiento, con participación de fuerzas públicas y civiles.
• Control sociocultural: La Farc utilizó tácticas de cooptación y control territorial.

Estos patrones no solo revelan la dinámica del conflicto, sino que también reflejan el sufrimiento de las comunidades locales que han sido profundamente afectadas.

Participación de comunidades afectadas

La JEP llevó a cabo la notificación en un entorno intercultural, involucrando directamente a autoridades indígenas y afrocolombianas de áreas como Apartadó, El Carmen del Darién y Acandí.

Este proceso tuvo lugar entre el 9 de febrero y el 2 de marzo de 2026.

En total, se identificaron 14 municipios priorizados, donde se agrupan más de 54,163 víctimas con interés directo en las actuaciones del caso.

La notificación se realizó con un enfoque étnico-racial, garantizando la participación efectiva de las comunidades afectadas.

Enfoque étnico y cultural de la JEP

La JEP ha subrayado la importancia de un enfoque étnico y cultural en sus procedimientos. Este enfoque no solo es un requisito legal, sino que también refleja el compromiso de la JEP con la dignidad de las comunidades afectadas.

El proceso se desarrolló en escenarios de diálogo horizontal, apoyado por la cooperación internacional, especialmente por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

Durante el procedimiento, participaron diversas comunidades indígenas y consejos comunitarios, incluyendo a los pueblos Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule.

Esto resalta la intención de incluir a todas las voces en el proceso de justicia.

Implicaciones y próximos pasos

En el informe final, la JEP ha delineado los patrones de violencia y ha atribuido responsabilidades individuales a los imputados.

Las víctimas podrán presentar observaciones y los acusados tendrán un plazo para reconocer sus responsabilidades dentro del proceso transicional.

Este caso es considerado una de las macrocausas más complejas en la jurisdicción transicional debido a la magnitud del territorio investigado y la diversidad de actores involucrados.

La reciente decisión marca el inicio de nuevas etapas procesales, donde las comunidades jugarán un papel esencial en la construcción de la verdad y la reparación colectiva.

La JEP mantiene su compromiso con el enfoque diferencial y la centralidad de las víctimas, asegurando que sus derechos sean defendidos y que se cumplan los estándares nacionales e internacionales en justicia transicional.

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