JEP imputa a 33 ex-Farc, militares y empresarios por crímenes en Urabá

_{Bogotá, Colombia. Diciembre 11 de 2025}

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso crucial en la búsqueda de justicia en Colombia al imputar a un conjunto diverso de actores por crímenes atroces en la región de Urabá. Esta acción no solo tiene un impacto legal, sino que también concierne profundamente a las comunidades afectadas por la violencia en el país.

La imputación afecta a siete exintegrantes de las Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba, todos señalados como responsables de crímenes que dejaron un legado de dolor en la región entre 1986 y 2003.

La decisión, enmarcada en el macrocaso 04, implica una reflexión sobre la responsabilidad compartida entre actores armados y civiles en una dinámica de violencia que resultó en más de medio millón de víctimas en varios municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.

Contexto de la violencia en Urabá

Urabá ha sido históricamente un escenario de conflicto, donde luchas por el control territorial y político han devastado a comunidades enteras. Este territorio, estratégico por su ubicación y recursos, ha sido objeto de disputas entre diversos grupos armados, lo que ha llevado a sufrimientos indescriptibles para la población civil.

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Durante el periodo de violencia, se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos, las cuales se evidencian en el auto de imputación de 1.557 páginas que ahora sienta un precedente en la justicia transicional colombiana. Este documento destaca los vejámenes que han afectado a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como a líderes sociales que intentaron defender sus derechos.

Patrones de violencia identificados

La JEP ha conseguido identificar tres patrones criminales que estructuraron la violencia en Urabá, los cuales son fundamentales para entender el contexto de los crímenes imputados:

1. Eliminación por prejuicio de ser enemigo

Este patrón se caracteriza por un enfoque sistemático hacia la eliminación de aquellos percibidos como enemigos, lo que resultó en masacres y asesinatos selectivos:

• Masacre de Pueblo Bello (Turbo): 43 campesinos fueron asesinados por paramilitares, con el apoyo del Ejército, bajo la acusación de colaborar con la guerrilla, dejando 37 cuerpos desaparecidos.
• Asesinato selectivo: El caso de Liliana Londoño Díaz, asesinada en 1997, ilustra cómo el control territorial se impuso a través de la violencia.

2. Vaciamiento del territorio y despojo de tierras

Este patrón implica el despojo sistemático de tierras mediante el uso de la violencia. La llegada de grupos paramilitares ha despojado a comunidades de sus tierras y ha forzado la migración:

• Modelo de despojo: La llegada de paramilitares en 1994 coincidió con un aumento notable en homicidios y el control territorial.
• Conflictos de intereses: Benito Molina Valverde, líder empresarial, admitió que la guerra facilitó la expansión de intereses económicos, evidenciando un vínculo entre violencia y economía.

3. Control sociocultural y territorial

Este patrón se refiere al uso de la violencia para ejercer control sobre comunidades y promover un ambiente de miedo:

• Masacre de Bojayá (Chocó): La muerte de 98 personas por un ataque a la iglesia demuestra el impacto devastador en la población civil.
• Ataques a líderes sociales: Asesinatos como el de María Ricardina Perea Mosquera evidencian un ataque directo a la resistencia comunitaria.

El camino hacia la verdad y la reparación

Con el reconocimiento de 54.672 víctimas en este macrocaso, la JEP resalta la necesidad de abordar crímenes como homicidios, desapariciones y violencia sexual. La cifra total de víctimas en Urabá asciende a 504.853.

Los 33 imputados tendrán un plazo de 60 días hábiles para aceptar su responsabilidad. Este proceso es crucial, ya que la aceptación de los cargos implicará un encuentro con las víctimas y un reconocimiento del daño causado, fundamental para la construcción de la paz y la reparación en Urabá.

La importancia de estos avances radica en la búsqueda de justicia y la necesidad de que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La JEP representa un esfuerzo por cerrar heridas históricas y dar voz a quienes han sufrido en silencio durante décadas.

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