Gobierno prohíbe celulares en cárceles para combatir extorsiones

La creciente ola de extorsiones y estafas que se originan desde las cárceles ha llevado al Gobierno Nacional a tomar medidas drásticas. Esta ofensiva no solo busca frenar la actividad delictiva, sino también restaurar la seguridad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El reciente apagón de la señal de telefonía móvil en varias cárceles es solo el comienzo de una estrategia más amplia.

Medidas implementadas para combatir la delincuencia desde las cárceles

El Gobierno ha comenzado una ofensiva directa contra las llamadas criminales que se gestionan desde los recintos penitenciarios. Esta estrategia comenzó con el bloqueo total de la señal de telefonía móvil en tres centros críticos: Cómbita (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas).

La orden fue emitida por el Ministerio de Justicia, que ha instruido a las autoridades penitenciarias para que apliquen esta medida de manera inmediata. Esto se hace con el fin de evitar que los internos continúen coordinando extorsiones, estafas y amenazas telefónicas que afectan a miles de ciudadanos, tanto dentro como fuera del país.

El contexto de la problemática de la extorsión

La decisión de bloquear la señal se fundamenta en un crecimiento alarmante de delitos relacionados con extorsiones. Recientemente, desde El Salvador, se alertó sobre redes criminales que realizaban llamadas fraudulentas desde cárceles colombianas. Este tipo de reportes ha generado preocupación en la región, evidenciando la necesidad de una respuesta coordinada.

Los extorsionadores utilizan técnicas cada vez más sofisticadas. A continuación, se presentan algunos de los métodos más comunes:

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• Llamadas en nombre de autoridades o instituciones.
• Promesas de premios o regalos falsos.
• Suplantación de identidad para solicitar auxilios familiares.

Responsabilidades y consecuencias para las autoridades penitenciarias

El ministro de Justicia ha sido claro al advertir que los directores de los penales que no logren controlar el ingreso y uso de celulares ilegales enfrentarán consecuencias severas. Serán retirados de sus cargos como parte de una política de “mano firme” contra la corrupción y el descontrol en los centros de reclusión.

Esta medida también se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para mejorar la gestión del sistema penitenciario. La responsabilidad de las autoridades es fundamental para garantizar que las cárceles no se conviertan en centros de operaciones para bandas criminales.

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades han emitido recomendaciones para que la ciudadanía no caiga en las trampas de los estafadores. Es crucial actuar con precaución ante llamados sospechosos.

Algunos consejos útiles incluyen:

• Colgar inmediatamente si se recibe una llamada sospechosa.
• No compartir información personal o financiera.
• Reportar cualquier intento de extorsión a la línea 165 del Gaula de la Policía.

El futuro de la seguridad en los centros penitenciarios

Con la implementación de estas medidas, el Gobierno busca cerrar uno de los principales canales que utilizan las bandas criminales para operar desde la prisión. Esto no solo es un paso hacia la recuperación de control en los establecimientos penitenciarios, sino también un intento por restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.

El éxito de estas acciones dependerá en gran medida de la colaboración de la sociedad civil, así como de la capacidad del sistema penitenciario para adaptarse y prevenir el uso ilegal de tecnología por los reclusos.

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